El juicio contra el expresidente peruano Pedro Castillo comenzó este martes en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, junto al penal de Barbadillo en Lima, donde lleva preso desde diciembre de 2022. Acusado de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública, Castillo enfrenta una posible condena de 34 años de cárcel tras su fallido intento de autogolpe de Estado. Sin abogado y con una postura desafiante, el exmandatario asegura que el proceso es una “pantomima” y se declara un “presidente constitucional secuestrado”.
El autogolpe que sacudió al Perú
El 7 de diciembre de 2022, Perú vivió un día de caos político. Pedro Castillo, entonces presidente, anunció en un mensaje televisado la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción. Sin embargo, su plan colapsó rápidamente: las Fuerzas Armadas no lo respaldaron, el Congreso lo destituyó por incapacidad moral permanente y fue detenido mientras intentaba llegar a la embajada de México. En cuestión de horas, el autogolpe fracasó, dejando al país en incertidumbre y a Castillo tras las rejas.Hoy, veintisiete meses después, el exlíder de Perú Libre reapareció en el juicio oral. Vestido con una camisa blanca, sin su característico sombrero de campaña, insistió en su inocencia: “Jamás cometí delito de rebelión”. Castillo llegó sin defensa propia y solicitó que se leyera un texto que ya había publicado en redes sociales, pero la magistrada Norma Carbajal rechazó la petición, priorizando la oralidad del proceso. Junto a él, están acusados Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, exfuncionarios clave de su gobierno.
Las acusaciones y la defensa de Castillo
La Fiscalía sostiene que el autogolpe fue planificado. Según su investigación, la noche previa al 7 de diciembre, Castillo se reunió con Chávez y Torres en Palacio de Gobierno, donde este último habría redactado el mensaje que desató la crisis. Con 75 documentos probatorios y decenas de testigos, el Ministerio Público pide 34 años de prisión para Castillo, 15 para Torres y 25 para los demás implicados. Además, la Procuraduría exige una reparación civil de 65 millones de soles (unos 17,5 millones de dólares).En su defensa, Castillo asegura ser víctima de una conspiración de la “extrema derecha” y describe su arresto como un ataque violento contra él y su familia. En redes sociales, aliados como el presidente colombiano Gustavo Petro lo han respaldado, calificando el juicio como un “insulto a la democracia” y a la voluntad popular que eligió a Castillo en 2021.
Un juicio histórico para Perú
Este proceso judicial marca un hito en la historia peruana. La Fiscalía lo considera un caso sin precedentes, mientras que los seguidores de Castillo, reunidos afuera del penal, exigen su libertad. La próxima audiencia, programada para el jueves, promete mantener la tensión en un país aún dividido por los eventos de 2022.Con el juicio en marcha, las palabras de Castillo resuenan: “Los que deberían estar aquí son los que ejecutaron el golpe contra mi gobierno”. ¿Qué decidirá la justicia peruana? El desenlace podría redefinir el futuro político del Perú.